San Juan, 11 dic (EFEUSA).- La Contraloría de Puerto Rico descubrió en una auditoría sobre las operaciones fiscales del Departamento de Transportación y Obras Públicas que 12 empleados realizaron la función de recaudación sin el nombramiento que emite el Secretario de Hacienda.
En un análisis sobre las recaudaciones, nóminas y contratos de servicios profesionales y consultivos indicó que hubo incumplimientos significativos pero no generalizados.
Los empleados que realizaron la función de recaudación sin el nombramiento que emite el Secretario de Hacienda “deja desprovisto al DTOP en caso de surgir alguna situación irregular, ya que los empleados no están cubiertos por la fianza de fidelidad”.
Además, reveló, que los cheques tardaban hasta 12 días en llegar hasta el recaudador oficial “y no se verificaba la corrección de los pagos recibidos por concepto de venta de alimentos en las máquinas expendedoras de los Centros de Servicio al Conductor (CESCO) por lo cual se dejó de recibir 2.081 dólares”.
El informe de la Contraloría, difundido hoy, indica que de cuatro hallazgos se pagaron 187.713 dólares de “forma indebida” a empleados por “deficiencias en el trámite de informes de cambio y en los ajustes de nómina”.
“Por ejemplo, nueve informes de cambio de siete empleados tardaron más de dos años en ser aprobados, o los ajustes en la nómina de dos empleadas fueron registrados hasta siete años luego de su aprobación. Estas situaciones se atribuyen a que las directoras de recursos humanos no ejercieron una supervisión eficaz”, indicó.
A su vez, señaló que los auditores identificaron en una muestra de los 67 contratos y 19 enmiendas por 5,4 millones otorgados para servicios de ingeniería, consultoría legal y obras y proyectos, que “ninguno incluyó una cláusula que le requiriera al contratista indicar las horas que quedaban disponibles”.
Además, “el examen de 45 facturas por más de medio millón de dólares reveló que no se certificaba que los servicios se habían recibido y que no se había autorizado el pago de los mismos previamente”.
El informe de la Contraloría cubre el periodo del 1 de julio de 2013 al 28 de febrero de 2017.