Guatemala, 29 dic (EFE).- La aplicación de la Justicia sigue siendo uno de los grandes temas pendientes en Guatemala tras 21 años de la firma de los Acuerdos de Paz que se conmemoran hoy, aseguraron organizaciones humanitarias.
Tras “21 años de la firma de la paz firme y duradera en Guatemala consideramos que la Justicia continúa siendo uno de los grandes pendientes de los compromisos del Estado hacia la sociedad guatemalteca y en especial a las miles de víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno”, advirtió el Centro de Acción Legal para los derechos Humanos (Caldh).
En el documento, suscrito también por la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) y el Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH), recuerdan que el pasado 17 de octubre se reanudó el juicio contra los generales retirado José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez por genocidio y delitos contra la humanidad cometidos en contra del pueblo Maya Ixil.
Ríos Montt fue jefe de Estado entre 1982-1983 y Rodríguez Sánchez su jefe de Inteligencia Militar. Ambos están acusados del asesinato de 1.771 indígenas ixiles.
Según Caldh, en 33 audiencias de debate realizadas entre 2016 y 2017 el Tribunal de sentencia de Mayor Riesgo B ha podido escuchar a 70 testigos, hombres y mujeres, que han relatado lo ocurrido durante el régimen de facto de Ríos Montt.
“Ha quedado demostrada la muerte de miembros del grupo maya ixil, el desplazamiento de niños y niñas, las lesiones físicas y mentales, así como el sometimiento a condiciones que acarrearon su destrucción mediante tratos crueles e inhumanos”, aseguran.
Este proceso de Justicia por genocidio permitió la desclasificación de importantes documentos militares que por orden de un juez forman parte del caso, tales como Plan Victoria 82 y Firmeza 83, en los que se consideró como guerrilleros a esta población civil.
En 2013 se realizó el primer juicio contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez.
El exjefe de Inteligencia Militar fue absuelto, no obstante, el exjefe de Estado fue condenado a 80 años de prisión, pero por errores en el proceso la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia jurídica de Guatemala, anuló el fallo judicial y ordenó un nuevo juicio.
Según las organizaciones, en Guatemala existe un “discurso de odio que se fomenta por parte de sectores interesados en la impunidad de los hechos del pasado, queriendo llevar al plano ideológico la legítima lucha por la justicia”.
El conflicto armado interno acabó el 29 de diciembre de 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz, tras 36 años que dejaron 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos.