Panamá, 5 ene (EFE).- Un Tribunal condenó hoy a pagar 300.000 dólares al empresario panameño Cristóbal Salerno, por corrupción en un contrato con el Estado para cobrar impuestos morosos, que causó una lesión de 29,5 millones de dólares, tras un acuerdo de pena, informó el Ministerio Público (MP).
La sanción de 4 años de cárcel le fue cambiada a Salerno por el pago de 500 días multa a razón de 600 dólares diarios, dijo el MP.
Salerno, propietario de la empresa Cobranzas del Istmo, S.A. (CISA) que realizó la contratación con el Estado, deberá pagar un total de 300.000 dólares de días multas en un periodo de 4 meses, indicó el Ministerio Público en su cuenta oficial de Twitter.
La Juez Primera de Circuito Penal, en una audiencia celebrada hoy, homologó un acuerdo de pena condenando a Salerno y ordenó el decomiso de 20 millones de dólares en el Caso Cobranzas del Istmo que investigó la Fiscalía Anticorrupción.
El Ministerio Público destacó que “recupera 20 millones en este caso” y “con esta decisión se materializa el trabajo de las Fiscalías Anticorrupción”.
Esta causa penal guarda relación con supuestas irregularidades en las cláusulas del contrato de agosto de 2010 entre la Dirección General de Ingresos (DGI) y CISA, que de acuerdo con un informe de la Contraloría de Panamá causaron una lesión patrimonial de 29,5 millones de dólares, de los cuales Salerno devolvió 20,6 millones de dólares, según el expediente.
El pasado 25 de octubre, el MP solicitó el enjuiciamiento de Luis Cucalón, exjefe de la Dirección General de Ingresos (DGI) en el Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014), sindicado por peculado y corrupción por supuestamente recibir sobornos de una empresa contratada por su administración para cobrar impuestos morosos.
Cucalón, condenado en otro caso el pasado 2 de enero a 1 año y 3 meses de prisión por abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidores públicos, está detenido en la cárcel El Renacer, al norte de la capital.
El fiscal de Descarga Anticorrupción del MP, Adecio Mojica, incluyó en su petición de llamamiento a juicio, por los mismos delitos, a Salerno y Magaly Ramos, el propietario y la exgerente, respectivamente, de CISA, empresa que supuestamente pagó los sobornos.
Mojica pidió además enjuiciar a Cucalón y Ramos por falsedad ideológica, y el sobreseimiento provisional en favor de Edgardo González, Irasema Sánchez, extesorero y exsecretaria de CISA, respectivamente, y María Salerno, hija de Cristóbal Salerno y supuestamente vinculada a esta empresa.
En ese sentido, una fuente del Ministerio Público indicó hoy a Efe que el acuerdo de pena homologado por la Juez Primera de Circuito Penal “es un acuerdo con el señor Salerno. Solamente”.