El día de ayer, el régimen de Nicolás Maduro anunció que no publicará las actas electorales, afirmando que la aprobación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es suficiente para validar los resultados. Esta decisión representa un golpe devastador a la Constitución y a las normas electorales de Venezuela, ya que viola los principios fundamentales de transparencia y justicia en el proceso electoral.

La negativa de publicar las actas electorales impide que los venezolanos y la comunidad internacional verifiquen la legitimidad de los resultados, lo que profundiza aún más la crisis democrática en el país. Este acto, sumado al aval del TSJ controlado por el régimen, refuerza las acusaciones de fraude y manipulación en las recientes elecciones, y consolida un gobierno que se aferra al poder a través de medios antidemocráticos.

Este movimiento no solo atenta contra los derechos electorales de los venezolanos, sino que también destruye la confianza en las instituciones y en el proceso democrático en general. En lugar de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, el régimen de Maduro ha optado por un camino que socava la esencia de la democracia y perpetúa un estado de incertidumbre y represión en Venezuela.