San José, 18 ene (EFE).- El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, envió hoy una nota a la Procuraduría de la Ética en la que se pone a la orden para cualquier proceso en el marco del caso de supuesta corrupción conocido como “el cementazo”, que fue investigado por una comisión del Congreso.
“Con el fin de que no exista la menor duda de mi absoluta voluntad de rendir cuentas sobre un tema en el cual he rechazado de manera categórica y reiterada haber cometido algún acto ilegal o doloso, mucho agradeceré se sirva proceder con la instrucción del proceso ya señalado con el cual desde ya, me comprometo a facilitar y cooperar en todo lo que se requiera”, indicó Solís en la nota.
La Procuraduría de la Ética es un órgano del Estado cuyas resoluciones no son vinculantes.
La comisión legislativa de Costa Rica que investigó el caso de supuesto tráfico de influencias emitió el pasado 18 de diciembre su informe final en el que pidió a la Procuraduría de la Ética evaluar el comportamiento del presidente Solís.
Al filo de la medianoche de este jueves el Plenario del Congreso aprobó el informe en una votación de 42 a favor y 6 en contra, con la ausencia en la sala de 9 legisladores.
En sus conclusiones, la comisión, integrada por diputados de varios partidos, determinó que Solís “no cumplió con su deber de probidad” y que falló al no velar por que la administración de los recursos públicos se ajustara “a los principios de eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente”.
Según la Comisión, el mandatario presionó por medio del exviceministro de Hacienda Fernando Rodríguez y el diputado oficialista Víctor Morales Zapata, a la Dirección General de Aduanas para que se facilitara trámites de sacar de aduanas y nacionalizar el cemento importado por el empresario Juan Carlos Bolaños.
El caso del “cementazo” tiene que ver con una presunta red de tráfico de influencias que involucra a diputados, funcionarios judiciales, del Poder Ejecutivo y bancarios, para facilitar millonarios créditos al empresario Bolaños y flexibilizar los requisitos para la importación de cemento.
La comisión legislativa también concluyó que la Casa Presidencial presionó al Ministerio de Economía para cambiar los reglamentos de importación del cemento.
En septiembre pasado Solís compareció ante la comisión legislativa y reconoció haberse reunido con Bolaños y que el empresario visitó otras seis veces la Casa Presidencial para reunirse con otros funcionarios.
Desde diciembre pasado la Casa Presidencial ha criticado el informe de la Comisión al señalar que contiene falsedades.
“Es falso que las reuniones que sostuvo Bolaños en Casa Presidencial generaran favorecimientos o diligencias en su beneficio. Es falso que desde la Presidencia se realizaran gestiones con el fin de agilizar el desalmacenaje del cemento. Es falso que el Poder Ejecutivo actuara modificando el reglamento técnico de cemento hidráulico o cambiara plazos de cumplimiento para favorecer a algún empresario en particular”, indicó la Casa Presidencial en un comunicado.
El Gobierno ha defendido los cambios al reglamento de importación de cemento porque considera que son legales y que procuraban romper un duopolio privado existente en el país.
El caso es investigado por la Fiscalía General, que mantiene en prisión preventiva a Bolaños y a seis funcionarios del estatal Banco de Costa Rica como responsables de aprobar créditos al empresario por al menos 30 millones de dólares en condiciones aparentemente irregulares.