Los Ángeles, 6 feb (EFEUSA).- Cientos de beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) concluyeron hoy una serie de jornadas en las que han instado al Congreso a no dejar en el olvido a más de 300.000 amparados por este programa en las actuales negociaciones de una reforma migratoria.
Los defensores de los denominados “tepesianos” y el nutrido grupo de beneficiarios que conforman la Alianza Nacional del TPS, habían llegado a las oficinas de los senadores federales en Washington para presionar por una reforma migratoria que incluya a los que pudieran perder este beneficio pero que la medida no perjudique a otros inmigrantes.
“Estamos enfocados en buscar el apoyo de los republicanos para que nos ayuden a patrocinar algunos de los proyectos de ley. Hay como cinco propuestas pero nadie está trabajando por discutirlas; parece que fuéramos invisibles”, dijo a Efe Francisco Pacheco, miembro de la Alianza Nacional del TPS.
“Una gran parte del público y de los votantes estadounidenses desconoce qué es el TPS, y quiénes son los beneficiados, por lo que tenemos que ganar su atención y mostrar las cifras”, advirtió el activista.
“Están aquí para exigir al presidente que no viole sus derechos, que no los separe de sus familias, (para decirle) que con su decisión de cancelar el TPS está poniendo en peligro la vida de estos ciudadanos”, argumentó Pacheco.
Él asegura que alrededor de 100 jóvenes y menores se presentaron en la convocatoria y conformaron un grupo que pretende complementar las acciones de la campaña.
Además del cabildeo en el Congreso, la campaña se está enfocando en educar a la opinión pública sobre quienes son los “tepesianos”, los aportes y los lazos que tienen con la comunidad.
Evelyn Hernández, que viajó desde California para participar en Washington, manifestó por su parte que no es conveniente “quedarnos sentados en casa esperando a que nos saquen”.
“Son más de 200.000 mil salvadoreños, tenemos que crear conciencia y entender que nadie va a venir a luchar por nosotros”, agregó.
Inmigrantes de más de diez países están amparados actualmente por el TPS. Unos 300.000 tienen los días contados, después de que la administración Trump decidiera poner fin al amparo para los beneficiados de Haití, Nicaragua y El Salvador, este último país con la mayoría de afectados.
A pesar de que el llamado ciudadano comenzó desde el año pasado y se centró en pedir a la administración de Trump una extensión, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) decidió desmantelar el beneficio, argumentando que los países afectados en su día por un desastre natural o guerra civil ya se han recuperado y pueden absorber repatriados.
El gobierno otorgó 18 meses más a los afectados para que intenten ajustar su estatus por otras vías legales, o de lo contrario preparen su regreso, pero se trata de personas que, en no pocos casos, llevan hasta 20 años viviendo en Estados Unidos.
Otros de los grandes afectados de la decisión de Trump son los 273.000 niños nacidos en Estados Unidos que al menos tienen un padre amparado por este beneficio migratorio, y algunos de ellos están tomando la voz para defender a sus progenitores.
Los intentos de incluir a los “tepesianos” en un proyecto de legalización se dieron el mes pasado cuando una coalición de senadores demócratas y republicanos presentó una propuesta a la Casa Blanca.
La reacción del Presidente Trump sobre la idea de favorecer a los inmigrantes que están a punto de perder el amparo migratorio generó un escándalo de proporciones internacionales.
EL mandatario supuestamente llamó “agujeros de mierda” a El Salvador, Haití y varios países africanos, y sugirió que preferiría recibir en Estados Unidos más inmigrantes de Noruega en lugar de los de esas naciones.
Para Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), organización que pertenece a la Alianza Nacional del TPS, el exabrupto del mandatario no debe restar fuerza al movimiento.
“Por el contrario, se trata de demostrarle que nuestra contribución beneficia al país”, indicó.
Una investigación del Centro de Estudios Migratorios reveló que cancelar el TPS generaría grandes pérdidas en el Producto Interno Bruto (PIB) de Florida, New York, California, Texas, Maryland, y Virginia.
Reemplazar a los trabajadores con TPS le costaría a los empleadores unos 967 millones de dólares.
Tras estos días de intensa campaña en la capital del país, los “tepesianos” regresan a sus hogares para continuar con el esfuerzo, esta vez enfocados en incentivar a los votantes a salir a las urnas y que apoyen su solicitud.