Santiago de Chile, 14 feb (EFE).- El Gobierno de Chile presentó hoy un recurso de apelación ante la justicia con el fin de “revocar y enmendar” el sobreseimiento definitivo de una decena de dirigentes mapuches imputados en atentados incendiarios en el sur del país.
La acción fue concretada por el Ministerio del Interior que interpuso un recurso en dicha causa en el marco de la denominada Operación Huracán y pidió que el Juzgado de Garantía de Temuco reabra este caso.
Además, colocó una apelación de queja en contra del tribunal por la resolución que no dio lugar a la reapertura de la investigación y poder efectuar una presentación ante el Fiscal Nacional sobre las situaciones acaecidas en la tramitación de este asunto.
La llamada Operación Huracán, que el pasado mes de septiembre lanzó Carabineros, permitió la detención de al menos diez dirigentes indígenas, que fueron enviados a prisión preventiva.
Sin embargo, la Fiscalía denunció que los comuneros fueron retenidos por la policía con pruebas que fueron “plantadas” en sus celulares, lo que finalmente concluyó con la libertad de los indígenas.
En el recurso, el gobierno presentó duras e inéditas críticas al Ministerio Público, al señalar que este no tomó el tiempo necesario para analizar todos los elementos de la causa antes de decidir cerrarla.
“De un día para otro, de manera abrupta y casi subrepticia (el Gobierno) se entera que la investigación se encuentra cerrada, sin tener conocimiento del contenido de las piezas declaradas secretas”, señala el documento oficial el que además acusa al Ministerio Público “de entregar copias incompletas de la carpeta”.
Para el Ejecutivo, lo descrito se traduce en una situación “imposible e insuperable para este querellante”, y añade que faltaban 23 diligencias que debían adjuntarse aún al proceso, por lo que la investigación “malamente podría catalogarse como agotada”.
En el sur de Chile existe desde hace varias décadas un conflicto entre comunidades que reclaman territorios ancestrales y empresas agrícolas y forestales, que en los últimos años han derivado en brotes de violencia en los que han muerto varios comuneros, policías y agricultores.
Al mismo tiempo, varias decenas de comuneros han sido enjuiciados y condenados por diversos delitos, principalmente atentados incendiarios.