Los Ángeles, 12 mar (EFEUSA).- Nueve inmigrantes beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y cinco ciudadanos estadounidenses con padres protegidos por este amparo migratorio demandaron hoy a la Administración de Trump en una corte de San Francisco, California, por poner fin al programa.
Los demandantes advierten que con esta interpretación gubernamental de la ley federal del TPS, se está perjudicando a miles de ciudadanos estadounidenses que se verán obligados a elegir entre su país y sus padres, pues tendrán que abandonar Estados Unidos al vencerse el amparo.
“Al terminar el TPS de la manera en que lo hizo esta administración, ejerció una autoridad que no tenía”, aseguró Emi MacLean, abogada de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).
“He vivido aquí casi el doble de tiempo que viví en El Salvador. Mi hogar y mi familia están aquí “, dijo por su parte Orlando Zepeda, padre de dos hijos estadounidenses. “La decisión de terminar TPS para El Salvador y otros países fue devastadora”, agregó el demandante.
La querella legal también alega que la acción del ejecutivo al terminar el TPS cumplimenta parte de la agenda anti-inmigrante y de supremacía blanca que el gobierno ha impulsado.
En un comunicado sobre la demanda, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y NDLON hicieron referencia a las declaraciones del mandatario en enero pasado cuando llamó “agujeros de mierda” a El Salvador, Haití, además de a varios países africanos, y sugirió que preferiría recibir en Estados Unidos más inmigrantes de Noruega en lugar de los de esas naciones.
La ACLU en el sur de California, la NDLON y el bufete de abogados Sidley Austin LLP apoyaron la querella legal que alega que la decisión del gobierno de Trump de cerrar el TPS a 300.000 inmigrantes de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán, es ilegal.
Los salvadoreños son el grupo más afectado por la cancelación del TPS. A nivel nacional, más de 200.000 cuscatlecos están amparados con este beneficio desde el 2001.
Un análisis del Centro de Estudios Migratorios (CIS) encontró que 49.100 de estos inmigrantes de El Salvador viven en California.
La acción legal impulsada hoy es la primera en la que hijos de titulares de TPS nacidos en suelo estadounidenses pelean por los derechos de sus padres, y que incluye a los 4 países afectados hasta ahora.
También es la segunda demanda que se presenta en contra del gobierno estadounidense por su decisión de poner fin al TPS de salvadoreños y haitianos.
Hace dos semanas, un grupo de defensores de derechos civiles con sede en Massachusetts demandó la política de Trump de rescindir el amparo de inmigrantes de El Salvador y Haití.
Massachusetts tiene más de 6.000 salvadoreños y 4.700 haitianos protegidos por el TPS. La querella argumentó que la decisión de la Administración Trump es claramente un acto de discriminación racial.
Defensores de los derechos de los inmigrantes han resaltado la necesidad de continuar con los esfuerzos de buscar amparo en el sistema judicial, para detener la carrera contra reloj que ha puesto el gobierno a cientos de miles de inmigrantes.