San Juan, 8 ago (EFEUSA).- El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció hoy la firma de los proyectos de la Cámara 342, 507 y 873, los cuales proveen derechos y medidas de seguridad a los presos en cárceles, las víctimas de delito y de maltrato.
El Ejecutivo de la isla caribeña informó a través de un comunicado de que el Proyecto de la Cámara 342, de la autoría de la legisladora María Milagros Charbonier, amplía la gama de servicios educativos y de empleo a los que un presos tendrá acceso.
Además, establece que los presos deberán tener acceso a su información médica y a información relacionada a sus derechos y obligaciones en la institución correccional.
El comunicado destaca que la medida reafirma el compromiso de la Administración Rosselló con la rehabilitación de los confinados, pues concede derechos adicionales a la población correccional, que los ayudará en su eventual reinserción en la libre comunidad.
“El sistema de corrección debe tener presente el elemento de rehabilitación para permitir al ex confinado reinsertarse efectivamente a sus comunidades sin reincidir en la delincuencia”, señaló el primer mandatario.
Charbonier se mostró agradecida con la firma del proyecto e indicó que con la firma de esta ley “permitimos a nuestros confinados que se preparen adecuadamente para que puedan ser ciudadanos de provecho una vez sean reinsertados en la sociedad”.
Por otro lado, se anunció la firma del Proyecto de la Cámara 507, de la autoría del representante Luis Pérez, que requiere a las corporaciones acusadas de delito presentar un acuerdo de divulgación en el que indiquen si hay alguna corporación matriz, subsidiaria o afiliada que posea 10 por ciento o más de sus acciones.
De esa manera, se sigue el modelo de la jurisdicción federal para informar este tipo de modelo corporativo, a fin de que la víctima de delito conozca cualquier relación de la empresa con otras entidades y con los actores del sistema judicial.
Rosselló firmó además el Proyecto de la Cámara 873, de la autoría de Urayoán Hernández, que faculta a los trabajadores sociales escolares radicar querellas en la Policía de Puerto Rico cuando identifiquen situaciones donde exista o se sospeche que exista maltrato o negligencia.