Confidencialidad Militar: EE. UU. Impone Acuerdos a Tropas en el Caribe
El reciente requerimiento del Departamento de Defensa de EE. UU. para que los militares firmen acuerdos de confidencialidad en relación con sus operaciones en el Caribe ha suscitado una serie de preocupaciones. Esta medida, inusual dado que los efectivos ya están obligados a proteger los secretos de seguridad nacional, se ha implementado desde la llegada de Pete Hegseth al mando en enero.
Según funcionarios que pidieron permanecer en el anonimato, este mandato afecta a los militares involucrados en la expansión de las operaciones del presidente Donald Trump en Latinoamérica. La medida genera inquietudes sobre el aumento de tropas, especialmente en un contexto donde Venezuela teme una posible invasión.
Los legisladores han expresado su frustración al sentirse excluidos de información crucial sobre la misión. Aunque se desconoce el número exacto de miembros del Departamento de Defensa que han sido convocados a firmar estos acuerdos, este uso de la confidencialidad en actividades en Latinoamérica es un hecho sin precedentes.
La semana pasada, el Pentágono anunció el despliegue del portaaviones Gerald Ford en la región, lo que intensifica un refuerzo militar que, según expertos, supera ampliamente las necesidades declaradas de operaciones antinarcóticos. Desde principios de septiembre, el ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos 13 ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas, resultando en la muerte de aproximadamente 57 personas, muchas de ellas de Venezuela, Colombia y Ecuador.
Este grupo de ataque, que suma cerca de 10,000 soldados y una impresionante capacidad de fuego, incluye destructores de misiles guiados y aviones de combate F-35. Sin embargo, el Pentágono no ha aclarado la razón detrás de tal despliegue militar para operaciones antinarcóticos.
Desde su llegada al Pentágono, Hegseth ha implementado medidas para controlar la información, incluyendo la restricción de interacciones entre el personal militar y los miembros del Congreso, y ha iniciado investigaciones sobre filtraciones de información. También ha impuesto nuevas políticas de acceso a la prensa, retirando credenciales a quienes no cumplan con los nuevos requisitos.