La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora de Venezuela, se encuentra en una lucha desafiante por lograr la inscripción de su candidata en las próximas elecciones presidenciales. A pesar de los obstáculos y las dificultades impuestas por el gobierno, la PUD está decidida a hacer valer su derecho constitucional de participar en el proceso electoral.
Desde el cierre del período de postulaciones, la PUD ha denunciado públicamente que se les negó el acceso al sistema de postulaciones, impidiendo así la inscripción de su candidata, Corina Yoris. A través de declaraciones de su dirigente, Omar Barboza, la coalición ha expresado su indignación y rechazo ante esta situación que consideran un claro intento de socavar la democracia y limitar la participación de la oposición.
La PUD ha exigido la restitución del plazo para poder postular a su candidata y ha instado a las autoridades electorales a garantizar un proceso transparente, justo y equitativo. Han destacado que Corina Yoris es una aspirante sin inhabilitaciones ni sanciones administrativas, por lo que no hay razón válida para impedir su participación en las elecciones.
Este incidente se suma a una serie de acciones cuestionables por parte del gobierno venezolano en relación con el proceso electoral. La prohibición previa de la exdiputada María Corina Machado, ganadora de las primarias, y ahora el bloqueo a la inscripción de Corina Yoris, generan preocupación sobre la imparcialidad y la garantía de los derechos políticos en el país.
La PUD ha destacado que agotarán todas las vías legales y políticas para defender su derecho a participar en las elecciones y para asegurar que se respete la voluntad de los ciudadanos. Han llamado a la comunidad internacional a estar atenta a la situación en Venezuela y a condenar cualquier acción que atente contra la democracia y los derechos humanos.
En medio de este escenario, Nicolás Maduro formalizó su candidatura presidencial, apostando por su reelección. Sin embargo, la oposición denuncia que su participación se da en un contexto de desequilibrio y falta de garantías para una competencia justa.
La lucha de la PUD por la inscripción de su candidata representa un desafío no solo para el gobierno venezolano, sino también para la comunidad internacional, que debe estar alerta ante posibles violaciones a la democracia y los derechos políticos en el país. La situación electoral en Venezuela continúa siendo motivo de preocupación y seguimiento por parte de diversos actores tanto a nivel nacional como internacional.