Barcelona, 15 feb (EFE).- El Gobierno español abrió hoy un nuevo frente con Cataluña, al reconocer que valora incluir en los colegios públicos de esa comunidad autónoma la posibilidad de estudiar en castellano y no sólo en catalán, una opción que está recogida en la ley regional de educación, pero que no se estaba cumpliendo.
La iniciativa, que ha puesto en pie de guerra a la comunidad educativa de Cataluña, responde a las peticiones realizadas por el sindicato de profesores AMES y la entidad españolista Sociedad Civil Catalana, cuyo presidente, José Rosiñol, se reunió hoy con el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy.
Tras esa reunión, Rosiñol precisó que Rajoy le aseguró que dicha petición está ya en el Ministerio de Educación y se está estudiando.
La idea del Gobierno ha sido fuertemente criticada desde los sectores independentistas, que tachan al Ejecutivo español de aprovechar el control que tiene sobre las instituciones catalanas desde la entrada en vigor del artículo 155 de la Constitución a raíz de la fallida declaración unilateral de independencia, el pasado 27 de octubre.
En ese sentido Rosiñol señaló que la opción de incluir una casilla en la matrícula escolar que permita a los padres escoger la escolarización en español “es una obligación de la Generalitat (gobierno regional catalán) anterior a la aplicación del artículo 155”, por lo que no debería ser una noticia ni una excepción, ya que “es la norma”.
Una interpretación que ha sido rechazada por gran parte de la comunidad educativa catalana, instituciones culturales y diferentes partidos, que consideran que la iniciativa busca recuperar “la vieja idea de españolizar a los alumnos catalanes”.
Fuentes del Gobierno español explicaron a EFE que en la actualidad no existe esa casilla pero por la aplicación de la Ley educativa todos los alumnos en España tienen derecho a elegir el castellano como lengua vehicular en su educación.
De hecho, la ley (Lomce) incluye la disposición adicional 38 que fija: “Las Administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y alumnas a recibir las enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios”.
Además, si la administración educativa competente “no garantizase oferta docente razonable sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular, el Ministerio de Educación, previa comprobación de esta situación, asumirá íntegramente, por cuenta de la Administración educativa correspondiente, los gastos efectivos de escolarización de estos alumnos y alumnas en centros privados en los que exista dicha oferta”.

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