Durante una revisión exhaustiva del Programa de Asistencia de Emergencia para el Alquiler (ERAP), la Oficina del Inspector General (OIG) de Jacksonville ha descubierto cinco casos de fraude no denunciados previamente que involucran más de $314,000. Estos casos han sido remitidos a fiscales estatales y federales para su enjuiciamiento penal, desatando un escándalo sin precedentes.
El ERAP fue diseñado para proporcionar ayuda financiera a aquellos afectados por el brote de COVID-19, con el propósito de cubrir gastos de alquiler, servicios públicos y otras necesidades de vivienda. Según el informe de la OIG, la ciudad de Jacksonville recibió y administró un total de $72,399,077.67 en fondos del ERAP del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos desde marzo de 2021 hasta marzo de 2023.
El caso de fraude más impactante involucra a un único propietario que presentó 49 solicitudes de inquilinos. De estas, 13 fueron aprobadas, lo que resultó en que el propietario recibiera $217,389.25 en fondos del ERAP. Estos fondos fueron desembolsados por tres subcontratistas contratados por la ciudad, quienes no detectaron el fraude hasta después de realizar varios pagos.
Además, la revisión de la OIG reveló deficiencias en las organizaciones encargadas de desembolsar los fondos del ERAP, ya que carecían de sistemas adecuados para identificar casos de fraude y no informaron los casos sospechosos a las autoridades competentes.
El informe también destaca una preocupación adicional: en agosto de 2023, la plataforma de software utilizada para las aplicaciones del ERAP notificó que los documentos serían destruidos. Aunque se recopiló un extracto final de los datos de los clientes del ERAP, la OIG descubrió que estos estaban en formato sin procesar y no incluían archivos PDF con las aplicaciones firmadas. Como resultado, los investigadores no pudieron completar investigaciones adicionales sobre posibles casos de fraude debido a la falta de datos o su incapacidad para ser utilizados con fines de investigación.
La OIG ha enfatizado que la ciudad debió evaluar cuidadosamente la capacidad de los grupos receptores de los fondos para administrarlos de manera adecuada, además de monitorear su desempeño y mantener registros detallados.