Washington, 16 ago (EFE).- El Departamento de Estado dijo hoy estar “muy preocupado” por el trato que recibió en prisión el opositor cubano José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) que fue liberado ayer, miércoles, tras doce días encarcelado.
“Damos la bienvenida a las noticias de que José Daniel Ferrer está fuera de la cárcel. Seguimos muy preocupados por los reportes de que fue maltratado mientras estuvo bajo custodia”, dijo a Efe una portavoz del Departamento de Estado.
“Instamos a Cuba a mejorar su respeto a los derechos humanos y a detener el abuso, el hostigamiento y la detención arbitraria de activistas cubanos y pensadores independientes que critican a su Gobierno por medios pacíficos”, añadió.
Ferrer fue detenido el pasado 3 de agosto junto a su chófer y colaborador Ebert Hidalgo tras un extraño incidente con un agente de la policía política cubana en la localidad de Palmarito de Cauto, en la provincia oriental de Santiago de Cuba.
El secretario ejecutivo de la Unpacu conducía, sin tener licencia de conducción aprobada, un automóvil con el que presuntamente impactó contra un agente de la policía política.
El 10 de agosto la Fiscalía acusó a Ferrer de “asesinato en tentativa” al considerar que había colisionado intencionadamente contra el oficial causándole un “fuerte golpe” en un brazo, aunque el propio disidente niega esta versión y asegura que el policía se lanzó contra el vehículo para “fabricar” el incidente.
Ferrer ha denunciado que sus 12 días en prisión han transcurrido “en condiciones bastante difíciles, pésimamente alimentado, calor insoportable, mosquitos abundantes, interrogatorios de madrugada y la amenaza de que iría por muchos años a prisión”.
El líder opositor, de 38 años, ha atribuido su encarcelamiento a un intento del Gobierno presidido por Miguel Díaz-Canel de “silenciar” su campaña para que los cubanos voten “no” al proyecto de la nueva Constitución del país.
Este proyecto, que busca sustituir la actual Carta Magna de 1976 por otra que refleje los cambios económicos y sociales de la última década, ya fue aprobado en el Parlamento y actualmente se encuentra en proceso de consulta popular hasta noviembre, para después ser sometido a referendo.