Washington, 6 mar (EFEUSA).- Jóvenes indocumentados, familiares y profesores denunciaron hoy el “modus operandi” del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en sus siglas en inglés), que ha detenido a una decena de “soñadores” desde que el presidente Donald Trump eliminara DACA en septiembre, según datos de United We Dream.
“No entiendo por qué motivo ICE tiene como objetivo perseguir a beneficiarios de DACA como yo: tengo mi propia compañía y siempre he pagado impuestos”, explicó en un encuentro con periodistas en Washington Miguel Ángel Reyes, un hondureño residente en Nueva Jersey que fue puesto en libertad recientemente después de estar tres meses en un centro de detención.
Según el relato de Reyes, las autoridades migratorias le acorralaron el pasado 3 de diciembre al salir de casa en su coche y le pidieron la documentación, sin previo aviso ni orden judicial.
El hondureño de 26 años presentó entonces su permiso DACA, el cuál fue extraído por los agentes, que detuvieron a Reyes tras una corta conversación.
“Me dijeron que me callara la boca, que me sacarían del país”, denunció Reyes, que fue puesto en libertad el pasado 23 de febrero tras pagar 10.000 dólares de fianza para salir de uno de los 111 centros de detención que hay en EEUU para gente sin documentación en regla.
Trump anunció en septiembre el fin del programa de Acción Diferida (DACA), pero dio al Congreso hasta el 5 de marzo para encontrar una solución para los miles de jóvenes indocumentados que gracias a ese permiso, proclamado en 2012 por el expresidente demócrata Barack Obama, han podido residir y trabajar legalmente en el país.
Esta fecha límite, sin embargo, quedó en suspenso después de que varias decisiones judiciales frenasen la decisión del presidente republicano en los últimos meses.
En otro centro de Carolina del Norte está actualmente detenido el mexicano Edder Rizo, un joven de 22 años cuyo permiso DACA fue cancelado después de ser arrestado el pasado 12 de noviembre.
Rizo, que llegó a EEUU a los 3 años con sus padres, asistió a un bautizo familiar y a la posterior celebración esa noche de noviembre y tomó un par de bebidas alcohólicas, relató en el mismo encuentro su prima, Alejandra González.
El joven decidió que era preferible no conducir en ese estado y se quedó durmiendo en su coche, con la calefacción puesta.
Después de un rato reposando en su automóvil, un agente de la policía local le despertó tocando la ventana desde fuera y le hizo un control de alcoholemia, que resultó en su detención tras dar positivo.
Su permiso DACA fue cancelado tres días más tarde y ahora Rizo está a punto de ser deportado a México, su país natal, en el que vivirá con su abuela.
Según un comunicado que ICE envió a Efe sobre este caso, Rizo “fue detenido por conducir en estado de ebriedad” por el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (Carolina del Norte).
Además, ICE aseguró en el mismo documento que Rizo pidió “de manera voluntaria” ser retornado próximamente a México.
Sobre su política de arrestos a jóvenes con DACA, ICE apuntó que sólo detiene a individuos que “han estado involucrados en actividades delictivas, tienen afiliación con pandillas, se ha determinado que representan un riesgo para la seguridad pública, ha habido alguna otra violación de los requisitos del programa, o si el período del permiso expiró”.
“Está claro que si el Congreso y Trump hubieran hecho su faena encontrando una solución para los ‘soñadores’, estos jóvenes no estarían perseguidos por ICE y podrían vivir tranquilos”, dijo en declaraciones a Efe Luzhilda Campos, directora de defensa de deportaciones de United We Dream.
Por otro lado, profesores de una escuela secundaria de Houston (Texas) también aprovecharon el encuentro de hoy para denunciar que uno de sus alumnos, Dennis Rivera, un hondureño de 19 años, lleva más de un mes en el centro de detención de Livingston, una localidad situada al sureste de ese estado sureño.
Cortez Downey, maestro de la escuela Austin, aseguró a Efe que Rivera es un “gran estudiante” que ya había sido aceptado en tres universidades de Texas para el próximo curso y que “nunca se mete en líos”.
Sin embargo, el pasado 30 de enero tuvo una disputa con una compañera, a la que agredió tras ser insultado en el recreo, y fue arrestado por la policía del distrito escolar local.
La familia de Rivera pagó una fianza de 2.000 dólares por su libertad, pero, en vez de salir de la comisaría, fue entregado a las autoridades migratorias.
“Los alumnos deberían estar preocupados de sacar buenas notas, de cómo van a vestir el día del baile de final de curso, de cosas normales a esa edad; no de si van a ser deportados en las próximas semanas”, zanjó Downey.

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