A medida que se acercan las elecciones de mitad de período de noviembre, varios grupos de participación cívica presentaron una demanda el jueves contra el Secretario de Estado de Florida y 32 condados de Florida por lo que dicen es una violación de la Ley de Derechos Electorales de 1965, requiriendo materiales de votación bilingüe y asistencia.

Los grupos involucrados incluyen Faith in Florida, Hispanic Federation, Mi Familia Vota Education Fund, UnidosUS y Vamos4PR, así como la votante individual Marta Rivera.

En abril, Demo y LatinoJustice / PRLDEF, que representan a los demandantes junto con la firma Altshuler Berzon, enviaron cartas a los Supervisores de Elecciones en 13 condados instándoles a proporcionar material de votación bilingüe al creciente número de puertorriqueños que ahora viven en Florida.

En 1965, el presidente Lyndon Johnson promulgó la Ley de Derechos Electorales, que prohibió las prácticas electorales discriminatorias. Hasta ese momento, muchos afroamericanos, principalmente en el sur, enfrentaban obstáculos para poder votar, lo que incluía tomar una prueba de alfabetización y pagar los impuestos de las encuestas.

La Sección 4E de la Ley garantiza el derecho de registrarse y votar por aquellos con un inglés limitado y específicamente señala a los puertorriqueños. Afirma que no se puede negar el registro y votación a aquellos “que completaron el 6º grado en una escuela pública, como los de Puerto Rico, donde el idioma predominante en el aula es un idioma distinto al inglés”, según el sitio web del Departamento de Justicia.

Los grupos dicen que los condados en Florida están obligados a proporcionar boletas bilingües, materiales electorales y asistencia de trabajadores electorales a estos votantes.