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Proyecto de ley buscará regular estrictamente los servicios de entrega a domicilio luego de muerte de una mujer de Boca Ratón

por Antonio Parejo

La ‘Ley de seguridad pública de Evy Udell’ responsabilizaría a los minoristas y proveedores de servicios de entrega de los empleados que tienen cargos penales.

PEMBROKE PARK, Fla. – Ha sido presentado un proyecto de ley en la Cámara de la Florida mediante el cual se pueden agregar requisitos de evaluación estrictos para aquellos proveedores de servicios de entrega a domicilio.

Se trata del proyecto “Ley de Seguridad Pública de Evy Udell” el cual lleva el nombre de Evelyn Smith Udell, una víctima de Boca Ratón que, fue asesinada vilmente por un repartidor el pasado año.

El proyecto no aprueba que los empleados de entrega accedan a sus hogares si antecedentes de arrestos, de condena o están en espera de juicio por una amplia gama de cargos, en los que están incluidos conducta sexual inapropiada, agresión, violencia doméstica, homicidio involuntario y asesinato.

Según la policía de Boca Ratón, Jorge Lachazo, de 21 años, entregaba una lavadora y secadora de Best Buy el pasado agosto cuando golpeó a Udell con un mazo, la roció con un químico que encontró en su casa, y le prendió fuego.

Jorge Lachazo enfrenta la pena de muerte por su presunto papel en la brutal golpiza y quema de una mujer de Boca Ratón de 75 años.

Lachazo está acusado de asesinato en primer grado, incendio premeditado en primer grado y robo a mano armada con batería. Se enfrenta a la pena de muerte si es declarado culpable. Los antecedentes evidencian que Lachazo había sido arrestado en dos casos similares con el robo en el condado de Miami-Dade en 2018.

Best Buy utiliza JB Hunt y XM Delivery para la entrega e instalación de electrodomésticos. Inicia la familia de Udell a la demanda de Best Buy, alegando que la empresa “no hizo nada” para informar a Udell que los servicios de entrega e instalación de los empleados entregados a las compañías aéreas y que Best Buy “no hizo nada para investigar, supervisar o supervisar “.

Según la ley propuesta, la empresa que se entre en juicio podría ser acusada de un delito grave de tercer grado. La propuesta solo se aplica a los proveedores de servicios de entrega de “artículos para el hogar”, postales los trabajadores de servicios postales y de paquetería.

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