Miami, 2 feb (EFEUSA).- El grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) condenó hoy el arresto “arbitrario” y “sin orden judicial” del dirigente opositor Enrique Aristiguieta Gramcko, de 84 años, sacado de su vivienda esta madrugada por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
“Esta detención arbitraria” así como el “asesinato extrajudicial” como en el caso del (expolicía) Oscar Pérez reflejan el “desquiciamiento de un régimen tiránico que apela a los actos más bajos y crueles para mantenerse en el poder”, denunció en un comunicado Veppex, con sede en Miami.
La organización de exiliados venezolanos expresó su repulsa por la detención de Aristiguieta, líder histórico de la lucha contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez (1952-1958), y denunció ante la comunidad internacional las “sistemáticas desapariciones forzosas y secuestros políticos” de opositores en el país.
Una práctica que busca “atentar contra los ciudadanos que expresan su rechazo al régimen” del presidente Nicolás Maduro, resaltó.
También el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenó la detención del opositor y exigió la “liberación inmediata” de Aristiguieta y “que se den noticias de su paradero y se respeten sus derechos”.
Se trata, escribió Almagro, de una “muestra más de las arbitrariedades de la dictadura de Nicolás Maduro tratando de acallar la voces disidentes de su desgobierno”.
Por su parte, la exdiputada y opositora venezolana María Corina Machado señaló en su cuenta de Twitter que esta “dictadura (venezolana) está en barrena y no lo va a intimidar (a Aristiguieta”, un “hombre íntegro, un ejemplo de la lucha por la democracia”.
La ONG venezolana Foro Penal también denunció hoy que las autoridades del país detuvieron en la madrugada a Aristiguieta, que integró la Junta Patriótica que derrocó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1958.
Con la aprehensión de Aristiguieta son 14 las “detenciones políticas solo esta semana”, según indicó en Twitter Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal, la ONG que asiste legalmente a casi todos los considerados “presos políticos” en la nación caribeña.