Washington, 1 jun (EFEUSA).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó hoy de una “nueva etapa de represión” en Nicaragua con ataques a manifestantes desarmados y reiteró su llamado “urgente” al Gobierno de Daniel Ortega para que desmantele las fuerzas parapoliciales.
En una entrevista con Efe, el secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão, dijo haber detectado “nuevas prácticas represivas” durante la denominada “Madre de todas las marchas”, convocada por el Movimiento Madres de Abril y en apoyo a las 83 mujeres que hasta entonces habían perdido a sus hijos durante las protestas.
“La Comisión ha recibido nuevas informaciones que nos indican que hay una nueva etapa de represión en el país”, avisó Abrão.
La CIDH visitó Nicaragua entre el 17 al 21 de mayo y, tras analizar la situación, presentó un informe preliminar en el que alertaba de posibles ejecuciones extrajudiciales con francotiradores en algunas zonas del país y “graves violaciones de derechos humanos” con, al menos, 76 muertos y 868 heridos.
La violencia se ha intensificado en los últimos días y solo en la “Madre de todas las marchas” hubo 15 muertos y 199 heridos, según los cifras administradas por el Gobierno.
“Hemos visto nuevas prácticas represivas, como el secuestro de estudiantes y manifestantes, ataques a autobuses que llevaban a las personas para salir de las universidades donde estaban atrincheradas, ataques a personas mayores y particularmente lo que pasó el día de las marchas de las madres”, explicó Abrão.
“Fue -continuó- un ataque a la población desarmada, a la población civil y sin respetar el Día de las Madres. Nos parece que claramente indica un aumento de la represión”.
El Gobierno nicaragüense, a través de su canciller, Denis Moncada, culpó este jueves de la violencia a la oposición y negó la existencia de “fuerzas de choque” o grupos paramilitares afines a Ortega.
Sin embargo, Abrão consideró que los actos de represión de los últimos días no han surgido “exclusivamente” de la policía Nacional.
“Hemos identificado la presencia de esos grupos parapoliciales y de terceros armados. Ellos han cumplido un rol represivo que está bastante presente y hemos realizado un llamado urgente al Estado para que desmantele esos grupos parapoliciales y garantice el derecho de las protestas pacíficas en el país”, explicó.
En su visita a Nicaragua, la CIDH recibió “centenares” de testimonios que hablaban de esas fuerzas paramilitares y, por eso, pidió a Ortega su desmantelamiento.
Por ahora, la Comisión no ha recibido “ninguna respuesta” del Ejecutivo, dijo Abrão, y consideró que existe cierta “ambigüedad” en sus actos, puesto que respondió positivamente a la solicitud de la Comisión para visitar el país y, pocos días después, inició “nuevas prácticas represivas”.
“Es necesario mantener una coherencia, esa es la condición básica para una solución”, consideró.
El Gobierno de Nicaragua accedió el pasado 30 de mayo a la petición de la CIDH y de la Organización de Estados Americanos (OEA) para crear un grupo de expertos que investigue de manera autónoma e independientes los hechos violentos ocurridos desde el 18 de abril, cuando comenzaron las protestas.
Ese grupo desarrollará un plan para las víctimas e identificará a los “responsables intelectuales y materiales” de la violencia, según indicó hoy Abrão.
La Comisión, además, ya ha concedido medidas cautelares a trece estudiantes que participaron en las protestas y al obispo auxiliar de Managua, Silvio José Báez Ortega, que había recibido amenazas de muerte por su participación en el proceso de diálogo nacional, actualmente suspendido.
El llamado de la CIDH al Gobierno nicaragüense para que proteja a Báez Ortega y su familia se produjo ayer mismo y, según adelantó Abrão, el organismo está considerando otorgar más medidas de protección a otros actores que participan como mediadores en el diálogo nacional.
“Son actores muy visibles y que canalizan la expresión de la insatisfacción social y, por eso, están sometidos a estas amenazas de los grupos que defienden el Gobierno”, afirmó Abrão.
El diálogo nacional entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia -que aglutina al sector privado, sociedad civil, estudiantes y campesinos- está suspendido por falta de acuerdos y la Iglesia Católica, que actúa como mediadora, dijo este jueves que solo se reanudará cuando cese la represión.
La crisis actual es la más sangrienta en Nicaragua desde los años 80.