San Juan, 6 sep (EFEUSA).- La polémica por la perdida de contenedores con ayuda para los afectados por el huracán María en Puerto Rico continuó hoy después de que un senador del opositor Partido Popular Democrático (PPD), apuntara a los presuntos vínculos de una de las empresas encargadas de investigar los hechos con el partido en el gobierno.
El senador del PPD Aníbal José Torres, apuntó a “la falta de independencia de las firmas designadas por La Fortaleza para realizar una supuesta investigación neutral, cuando en realidad una de estas compañías tiene vínculos con el (gubernamental) Partido Nuevo Progresista (PNP) que cuestionan la independencia de una auditoría objetiva”.
“Lo que implica todo el asunto relacionado con los vagones es muy serio. Lo que está ocurriendo sugiere corrupción, encubrimiento y un claro menosprecio por la importancia que tiene el que se rindan cuentas de la ayuda destinada a obras de beneficencia en tiempos de emergencia o catástrofe, todas necesarias para salvar vida humana”, dijo.
El “menosprecio o uso y manejo indebido de cualquier artículo, valor o bien destinado a socorrer a los más necesitados constituye una gran falta a todos los principios de decencia y buena fe, lo que no puede ser permitido”, destacó el senador popular.
Distintos medios locales han reflejado en las últimas semanas que varios contenedores con suministros para ayudar a los afectados por el huracán María han sido hallados con la misma en su interior, entre ellos, en los terrenos del Centro de Operaciones de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).
La Secretaria de Justicia de la isla, Wanda Vázquez, concluyó que no investigaría el asunto.
De acuerdo al PPD, el secretario de la Gobernación de la isla, Raúl Maldonado, anunció que el Gobierno, a través de su oficina, ordenó a las firmas BDO y Robles & Associates a realizar una auditoría sobre los vagones abandonados.
Torres explicó hoy que, aunque el secretario de la Gobernación ha confirmado que las firmas contratadas para la auditoría no representan un gasto adicional al gobierno, es preciso saber y examinar sus contratos y su objetividad al momento dedo realizar la investigación.
El senador expuso hoy que BDO, firma que también estuvo a cargo del estudio de la reforma educativa y cierre de escuelas, cuenta con 117 contratos en diferentes agencias del gobierno que sobrepasan los 48 millones de dólares.
Asimismo, dijo, Robles & Associates ha estado “altamente vinculada a la Comisión Estatal de Elecciones y al PNP”.
Actualmente, agregó, “cuenta con un contrato en el Departamento de Hacienda por la cuantía de tres millones”, a lo que el legislador popular añadió que Diego J. Robles Cordero, presidente de la firma Robles & Associates, “ocupó en el pasado importantes posiciones en administraciones del Gobierno del PNP”.
Torres destacó que el propuesto auditor “ha sido un importante contratista asesor de la Oficina del Comisionado Electoral del PNP en la Comisión Estatal de Elecciones, casualmente en el mismo lugar donde el PNP, por voto de su Comisionada Electoral Norma Burgos, se ha negado a que se investigue lo que ocurrió en las instalaciones de la CEE, no sólo en los vagones, sino en todas las inmediaciones incluyendo las facilidades de almacenaje de la Comisión”.
“Este escándalo comenzó en la CEE, se extendió por todo Puerto Rico y todavía hay preguntas que no han sido contestadas sobre lo sucedido en la CEE.”
Por último, dijo que en este asunto “está el prestigio del Gobierno de Puerto Rico y su mal manejo pone en entredicho la capacidad e imagen de Puerto Rico ante el mundo entero en términos de la capacidad o incapacidad de atender sus crisis”.