Washington, 12 sep (EFEUSA).- La Organización de Estados Americanos (OEA) inició hoy una sesión de su Consejo Permanente en la que se debatirá un resolución para reiterar la condena a la violencia en Nicaragua y en la que se volverá a instar al Gobierno a “apoyar” un calendario electoral acordado en el diálogo nacional.
El proyecto de resolución busca reafirmar la “enérgica condena” de la OEA a los actos de violencia cometidos en Nicaragua y, además, expresa su “profunda preocupación” por la decisión del Ejecutivo del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, de dar por concluido el trabajo de una misión de la ONU en su país.
El proyecto urge a Ortega a “restablecer” la cooperación con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) con el fin de que “pueda continuar con su constructivo trabajo en dicho país”.
El Gobierno de Nicaragua dio por concluido el 31 de agosto el trabajo de la Acnudh, que llegó al país en junio, después de que publicara un duro informe en el que señalaba al Estado como principal responsable de graves violaciones a los derechos humanos y contabilizaba “más de 300 muertos y 2.000 heridos” en las protestas.
Para ser aprobada, la resolución necesita el respaldo de 18 de los 34 países que son miembros activos de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa en él desde 1962).
En la sesión, convocada de forma extraordinaria, también se presentará el primer informe del “grupo de trabajo” para Nicaragua, que pretende apoyar el diálogo nacional y contribuir a la búsqueda de soluciones para la crisis, la más sangrienta desde los años 80 del siglo pasado.
La creación del “grupo de trabajo” fue aprobada el 2 de agosto por el Consejo Permanente y está integrado por doce países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guyana, México, Panamá y Perú.
Al comienzo de la sesión, el representante alterno de Nicaragua ante la OEA, Luis Exequiel Alvarado Ramírez, rechazó hoy la convocatoria de una sesión del Consejo Permanente sin el consentimiento de su país y reiteró el rechazo de su Gobierno al “grupo de trabajo” de la OEA.
Las protestas contra Ortega y contra su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide su renuncia.
La crisis ha dejado entre 322 y 481 muertos, según cifras de grupos humanitarios, mientras que el Ejecutivo ha contabilizado 198 víctimas mortales.