San Juan, 5 abr (EFEUSA).- El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, se mantuvo hoy firme en negarse a aceptar medidas de política pública impuestas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y anunció que no implementará sus directrices aunque se incluyan en el Plan Fiscal que certifique esa entidad de control federal.
Rosselló, en un encuentro informativo con prensa, dijo que en el Plan Fiscal que se envió a la JSF, la entidad de control al Ejecutivo de San Juan impuesta por Washington para tratar el asunto de la millonaria deuda, no se ha incluido, tal y como ésta exigía, ni recortes en las pensiones de los funcionarios ni una reducción de los derechos laborales de los empleados públicos.
Rosselló dijo que el Plan Fiscal revisado del Gobierno central -más cuatro de sus corporaciones- que se entregó hoy a la JSF no incluye medidas de política pública impuestas, tras asegurar que la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) que establece esa entidad de control es clara en determinar el papel de cada una de las partes.
Rosselló detalló que además de los planes fiscales enviará una carta a la JSF en la que hará saber que si la entidad de control insiste en imponer la política pública del Gobierno el Plan Fiscal que se certifique no será implementado por el Ejecutivo que lidera.
“Defenderemos los poderes que tiene el Gobierno de Puerto Rico”, sostuvo Rosselló, después dar detalles del Plan Fiscal del Gobierno central y cuatro agencias gubernamentales que son la base para sus presupuestos anuales.
El enfrentamiento se debe a que en el Plan Fiscal revisado y que hoy se envió a la JSF esa entidad de control exigía, entre otras medidas, una reducción de las pensiones de los funcionarios y recortes en los derechos adquiridos de los empleados públicos que el Ejecutivo que lidera Rosselló se opone a implementar.
La JSF entiende que esas medidas son necesarias para contar con unos presupuestos sin déficit, condición básica para afrontar el pago de una deuda millonaria que ronda los 70.000 millones de dólares y situarse en la senda del crecimiento económico después de una década de profunda crisis económica.
“La Junta no puede entrar en dónde se tiene que cortar”, sostuvo el jefe del Ejecutivo, tras reiterar que en pensiones y condiciones laborales de los trabajadores no se piensa dar un paso atrás.
Rosselló aclaró que no está en contra de que la JSF impongan las grandes cifras macroeconómicas, pero que en las políticas que hay que llevar a cabo para alcanzarlas no se permitirá injerencias.
“En pensiones y reforma laboral nos vamos mantener en nuestra posición”, indicó el jefe del Ejecutivo, para quien no es aceptable una reducción de cerca del 10 % en los ingresos para los jubilados.
“La prioridad del Gobierno es el bienestar del pueblo de Puerto Rico”, resaltó.
Rosselló explicó que el Gobierno, de los 48 puntos exigidos por la JSF para la nueva versión del Plan Fiscal hoy presentado, asumió cerca de la mitad, hasta donde ha sido posible, pero con el límite en las pensiones y la reforma laboral.
La consecuencia de esas modificaciones, matizó, se tradujeron en una reducción de las proyecciones de crecimiento económico debido a que los fondos para la recuperación después del huracán María serán menores que lo estimado de forma inicial.
El gobernador estuvo acompañado por el director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Gerardo Portela, y su representante ante la JSF, Christian Sobrino.
El gobernador ya había dicho que está dispuesto a llevar su postura frente a la entidad de control hasta las últimas consecuencias, sean cuales sean, además de advertir a la JSF de que no puede entrometerse en la política pública del Ejecutivo.