Austin (TX), 14 mar (EFEUSA).- Las organizaciones pro derechos civiles lamentaron hoy la decisión de un Tribunal de Apelaciones de apoyar la norma SB4 de Texas, que establece sanciones para las autoridades locales que “adopten, apliquen o apoyen” medidas a favor de “las ciudades santuario”, pero prometieron mantener la lucha.
La Quinta Corte de Apelaciones de los Estados Unidos respaldó este martes casi en su totalidad la ley, a excepción de la palabra “apoyar”, al considerar que multar, despedir o encarcelar a una autoridad por esa razón puede atentar contra el derecho constitucional de la libertad de expresión.
El director de Mi Familia Vota de Texas, Carlos Duarte, declaró a Efe que tras este fallo han hecho un llamamiento a los departamentos de policía locales, quienes con esta ley pueden destinar recursos para cualquier asunto, a “centrarse en mantener la seguridad general de la comunidad y no a realiza el trabajo de inmigración”.
Duarte reveló además que no se trata de una derrota final, ya que este mismo año se celebrarán elecciones estatales en Texas y tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de las instituciones.
“Vamos a hacer pública una lista con todos los votos de quienes apoyaron legislativamente la SB4, incluyendo al gobernador (Greg) Abbott, que fue quien firmó la ley en mayo”, explicó.
En la misma corriente escribió el asesor jurídico de LULAC, Luis Roberto Vera, que definió a este tribunal como “conservador” y le acusó de estar “fuertemente controlado por los republicanos”.
Por su parte, Thomas A. Saenz, presidente del Fondo México Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF), que defiende los derechos de los latinos, consideró que a pesar de ser una resolución “decepcionante”, la decisión aparece en una situación preliminar, por lo que “quedan oportunidades” para reclamar antes de una sentencia final.
“Confiamos en que esta horrenda ley finalmente encontrará el lugar que le corresponde en el basurero de la historia; mientras tanto, debemos continuar trabajando juntos para limitar el daño a la comunidad”, añadió Sáenz en un comunicado.
La organización sin ánimo de lucro Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) se mostró cauta en sus declaraciones, recordando que por encima de todo las personas “tienen derecho a permanecer en silencio” antes de declarar en un juzgado.
El subdirector de los Derechos de los Inmigrantes de ACLU, Lee Gelernt, matizó: “El tribunal dejó claro que somos libres de impugnar la forma en que se aplica la ley y aceptó la concesión crítica de que las localidades texanas pueden rechazar las solicitudes de asistencia del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en base a la economía de recursos”.
El director del programa de Justicia Racial y Económica de la plataforma Texas Civil Right Project, Efrén Olivares, manifestó que estaban preparados “para una larga pelea judicial” y que mantendrán sus esfuerzos en garantizar que no se atente contra los derechos de la comunidad inmigrante.
La directora ejecutiva de Texas Organizing Project Education Fund, Michelle Tremillo, continuó está línea e insistió en que este fallo “no es inesperado” y que supone un golpe “para todos los que intentamos que este estado sea un lugar agradable”.
Tremillo quiso hacer un llamamiento a los funcionarios locales para proteger a las comunidades de inmigrantes y continuar con “una visión de Texas inclusiva y acogedora”, pese a la victoria temporal para el gobernador Greg Abbott, el presidente Trump y “sus simpatizantes nacionalistas blancos” que supone este fallo.
Por su parte, el conservador fiscal general de Texas, Ken Paxton, celebró la resolución como “una medida de sentido común”, que en su opinión, protege a los ciudadanos e impide la liberación de “criminales peligrosos”.
Esta ley SB4 permite a la policía preguntar a cualquier persona que detenga sobre su estado migratorio y hace que las instituciones que violen la norma estén sujetas a multas de hasta 25.000 dólares por día, así como el despido inmediato de los funcionarios locales que la incumplan.