Phoenix (AZ), 8 ene (EFEUSA).- Centenares de activistas de decenas de grupos civiles instaron hoy a las puertas del Capitolio en Phoenix (Arizona) protección a la mujeres, inmigrantes y el colectivo LGTB en el inicio de las secciones legislativas estatales.
Bajo el lema “Together We Rise Opening Rally”, los activistas se unieron en una marcha hacia el Capitolio para pedir “leyes justas” para todos.
“Queremos que se promuevan leyes que protejan los derechos de la mujeres, inmigrantes, maestros, estudiantes, al medio ambiente”, dijo a Efe Masavi Perea, director del grupos CHISPA en Arizona.
Los congresistas analizarán a partir de hoy temas variados que van desde la financiación de la educación hasta la proliferación de opioides del estado.
Los legisladores también se reunirán esta tarde para las ceremonias de apertura en la Cámara de Representantes, seguidas por el discurso anual del gobernador de Arizona, el republicano Doug Ducey.
La activista Raquel Terán, candidata para el Distrito 30 de la Cámara baja estatal, aseguró a Efe que el mensaje para los legisladores es que sus acciones están siendo observadas.
“El Legislativo ya sabe las consecuencias de aprobar leyes antinmigrantes, leyes que nada más están atacando a ciertas comunidades, eso no le conviene a Arizona ni moralmente, ni económicamente, la migración está en la batuta de este rally”, aseguró.
Mencionó que la responsabilidad de los legisladores es proteger el seguro de salud para los más necesitados, así como que se distribuyan los fondos necesarios para las escuelas.
“Este es el momento que tienen que legislar demócratas y republicanos, nosotros como votantes en Arizona estamos viendo las leyes que pasan o las que bloquean, vamos a estar vigilando, es un año de elecciones y de campañas.
“En los últimos años los legisladores se han enfocado en ataques a la comunidad inmigrante, las mujeres y la comunidad LGTB, no queremos leyes que atacan, deben enfocarse en proteger esas comunidades”, concluyó.
El llamado hizo además eco de la cancelación hoy por parte del Gobierno federal del amparo migratorio Estatus de Protección Temporal (TPS) para unos 200.000 salvadoreños.