Panamá, 14 mar (EFE).- Mossack Fonseca, el bufete panameño que hace casi dos años acaparó la atención del mundo por ser el epicentro de los llamados papeles de Panamá, no consiguió sobrevivir al escándalo de las sociedades extraterritoriales y anunció hoy el cierre de todas sus oficinas por falta de clientes.
La firma de abogados explicó en un comunicado al que tuvo acceso Efe que “el deterioro reputacional, la campaña mediática, el cerco financiero y las actuaciones irregulares de algunas autoridades panameñas (le) han ocasionado un daño irreparable”.
El cierre de las oficinas tendrá lugar el próximo 31 de marzo, aunque un pequeño grupo de empleados seguirá trabajando de puertas adentro para completar ciertos trámites administrativos y atender a autoridades y antiguos clientes, según el mismo documento.
La noticia no sorprende, ya que Mossack Fonseca ha ido recortando progresivamente personal desde que estalló el escándalo, e incluso retiró el letrero que señalaba la entrada de sus oficinas principales en el barrio financiero de la capital panameña.
La compañía, considerada en su momento un actor destacado en la creación de sociedades “offshore”, llegó a tener más de un millar de empleados en decenas de oficinas de todo el mundo, pero en los últimos meses funcionaba con apenas 50 trabajadores.
“Deseamos expresar nuestro agradecimiento a los clientes por todos sus años de solidaridad con nuestro grupo, especialmente a aquellos que a pesar de las situaciones actuales se han mantenido con nosotros”, indicó la compañía, fundada en 1977.
El próximo 3 de abril se cumplen dos años desde que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicara la base de datos de Mossack Fonseca y cientos de medios de comunicación desvelaran que personalidades de todo el mundo contrataron al despacho para crear sociedades “offshore” y presuntamente evadir impuestos.
La publicación salpicó a personalidades muy diversas, entre ellas, el presidente argentino, Mauricio Macri; el ex primer ministro británico David Cameron o el futbolista brasileño Lionel Messi.
El consorcio periodístico, destacó el bufete, “presentó al mundo, en base a información robada, un panorama desacertado de los servicios que prestábamos tergiversando la naturaleza de la industria y su papel en los mercados financieros globales”.
La firma de abogados reiteró su disposición para colaborar con la justicia, insistió en la legalidad de sus servicios, y dijo que los papeles de Panamá “más que atacar a una empresa prestigiosa, buscaron arremeter contra el sistema financiero panameño”.
“Pedimos a las autoridades que lleguen a la verdad sobre el robo de la información y que cesen de permitir presiones por parte de algunos organismos internacionales o países que no quieren que se sepa la verdad y que buscan someter a Panamá para hacerla cada vez menos competitiva”, agregó el despacho.
Su situación económica se agravó tras la detención en febrero del año pasado de los dos socios fundadores, Jurgen Mossack y Ramón Fonseca Mora (exasesor del actual presidente panameño, Juan Carlos Varela), por su presunta implicación en otro megaescándalo: el caso de corrupción brasileña “Lava Jato”.
El Ministerio Público panameño acusó a los dos abogados, que estuvieron 4 meses en prisión preventiva, de formar una “organización criminal” que ayudaba a lavar dinero en la trama brasileña.
Los papeles de Panamá causaron un verdadero terremoto en el país centroamericano, que recibió una ristra de críticas por su presunta opacidad financiera. La primera consecuencia de la filtración fue la decisión de Francia de volver a incluir a Panamá en su lista de paraísos fiscales, de la que aún no ha conseguido salir.
El Gobierno panameño ha reforzado desde entonces su campaña para dar a conocer las diferentes políticas aprobadas, incluso antes del escándalo, en pos de una mayor transparencia financiera, pero el pasado 9 de marzo dio un golpe de efecto y publicó una lista de 20 países que lo discriminan de alguna manera.
La Cancillería panameña explicó entonces que la publicación de esa lista, en la que están Francia y ocho países latinoamericanos, es el primer paso de cara a la cara a la aplicación de medidas de reciprocidad.
María M.Mur