Pese a las medidas anunciadas por la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, las protestas siguieron intensificándose en una jornada en la que los manifestantes bloquearon carreteras y el aeropuerto de la segunda ciudad más grande del país.
En un mensaje de madrugada el lunes, Boluarte, declaró el estado de emergencia “en las zonas de alta conflictividad social” y presentó ante el Congreso una propuesta de adelanto de las elecciones generales a abril de 2024, dos años antes de lo previsto.
Estas medidas responden a las protestas registradas en varias partes del país, que han dejado al menos 7 muertos, y que se desataron tras la destitución de su predecesor, Pedro Castillo, el pasado miércoles, 7 de diciembre.
Sin embargo, las palabras de Boluarte no parecieron tranquilizar a los manifestantes, que este lunes bloquearon el aeropuerto internacional de Arequipa.
Entre las víctimas de los enfrentamientos con la policía hay dos adolescentes.
El primer fallecido fue identificado como Robert Pablo Medina Yanquerhuay, de 16 años, tras ser impactado por arma de fuego en la región de Apurímac. Luego se reportó la muerte de Miguel Arcana, de 38 años, en los enfrentamientos en Cerro Colorado, Arequipa, donde los manifestantes quemaron vehículos.
Posteriormente, resgistraron las muertes de Jhonatan Lloclla, de 26, Wilfredo Lizarme y Jonathan Enciso Arias, ambos de 18 años, todas ocurridas en la región de Apurímac.
Las víctimas más recientes fueron identificadas como David Atequipa Quispe, de 15 años, y Beckam Romario Quispe, de 18.
Los manifestantes ahí y en otros puntos de Perú exigen el cierre del Congreso y adelanto de las elecciones luego de la vacancia de Castillo, y desde algunos sectores también se pide la liberación del exmandatario, informan medios locales.
La destitución de Castillo se produjo luego de que el entonces presidente anunciara la disolución del Legislativo y la instalación de un “gobierno de excepción”, lo que fue interpretado por diferentes sectores peruanos como un intento de “golpe de Estado”.
En cuestión de pocas horas, Castillo fue destituido por el Congreso por “incapacidad moral”, detenido y posteriormente acusado de “rebelión”.
Las protestas comenzaron a producirse desde la destitución de Castillo. Manifestantes en diversas ciudades del interior de Perú (entre ellas, Cajamarca, Arequipa, Huancayo, Cusco y Puno) demandaron la liberación del ya expresidente.
En varias ciudades, como en Andahuaylas, en Arequipa y en la capital, Lima, se desataron enfrentamientos entre manifestantes y policía que dejaron al menos 7 muertos y decenas de heridos.
Los manifestantes bloquearon carreteras en la Panamericana Norte y Sur, según informan medios peruanos, y las protestas afectaron las operaciones en algunos aeropuertos el lunes.
Uno de los incidentes más graves ocurrió en el aeropuerto internacional de Arequipa, donde unos 2.000 manifestantes invadieron la pista, rompiendo la iluminación, quemando cabinas de seguridad y forzando el cierre del aeropuerto, según informó la agencia noticiosa AFP.
Después de varias horas, las autoridades lograron recuperar el control de los predios usando gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes.
Luego de que en horas de la tarde de este lunes los manifestantes fueran retirados por fuerzas de seguridad, la empresa Aeropuertos Andinos del Perú, que opera el aeropuerto, dijo que estaba “haciendo una evaluación de los daños para verificar que la pista, instalaciones y aspectos de navegación se encuentren en condiciones óptimas para reanudar operaciones de manera segura”.
El aeropuerto de Andahuaylas también resultó seriamente afectado por las protestas y la terminal aérea permaneció cerrada el lunes.
El Congreso celebró una sesión de emergencia el domingo para discutir la crisis pero esta tuvo que ser suspendida tras una agresión entre legisladores.
En un mensaje televisado, la presidenta Boluarte informó el lunes de la declaratoria de estado de emergencia y anunció que dio “las instrucciones para que se recupere pacíficamente el control del orden interno, sin afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía”.
El ministro de Interior, César Cervantes, precisó que el estado de emergencia aplicaba a las regiones de Apurímac, Arequipa e Ica, en el sur del país. Asimismo, y después de rechazar el adelanto electoral en un principio, la presidenta confirmó que presentaría una propuesta concreta al Congreso con tal fin.
“Interpretando de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía, he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las Elecciones Generales para abril del 2024”, anunció.
La iniciativa fue enviada después del mediodía de este lunes.
La presidenta señaló que eso también implicará “reformas constitucionales que deben ser aprobadas de la manera más rápida que contempla la Constitución”, si bien no entró en detalles.
Boluarte, que era vicepresidenta en el gobierno de Castillo, se distanció rápidamente de su predecesor tras su polémico anuncio la semana pasada, y tomó posesión del cargo tras su vacancia.
Lo ocurrido muestra el nivel de crispación que hay en Perú, que lleva años con inestabilidad política y social.
En el centro de ello, está el pulso permanente entre el presidente de turno y el Congreso, que, como explicaba el corresponsal de BBC Mundo en el país, Guillermo D. Olmo, “ha convertido la opción de la vacancia en una especie de espada de Damocles que pende permanentemente sobre la cabeza del presidente y que puede caer sobre él en cuanto en el Congreso se reúnan los 87 votos requeridos”.
Boluarte es la sexta jefa de Estado de Perú desde 2018 (Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y Dina Boluarte).