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Juez de Florida género confusión por el uso de las mascarillas

por Antonio Parejo

Un juez federal en Florida generó controversia el lunes al anular el mandato de máscara de la administración Biden para viajes públicos en un fallo que los críticos ridiculizaron como demasiado formalista y divorciado de los imperativos de salud de una pandemia global.  

En una decisión de 59 páginas, la jueza federal de distrito con sede en Tampa Kathryn Kimball Mizelle, nombrada por Trump, dictaminó que la medida iba más allá de la autoridad de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).  

La opinión generó críticas en múltiples frentes, que van desde ataques personales sobre la juventud y las calificaciones para el cargo del juez de 35 años, hasta acusaciones de extralimitación judicial.  

Sin embargo, para algunos expertos legales, el aspecto más polémico del fallo fue lo que vieron como el enfoque defectuoso de Mizelle de un método interpretativo conocido como textualismo que la llevó a reducir indebidamente el alcance de una ley histórica de salud pública.  

“Creo que en cuanto al fondo, la decisión es bastante preocupante, especialmente la interpretación de la ley”, dijo Michael Dorf, profesor de derecho en la Universidad de Cornell. 

En su fallo del lunes, Mizelle citó varias razones para anular el mandato de los CDC. Culpó a la agencia por eludir el procedimiento normal de elaboración de normas. También concluyó que los CDC no habían proporcionado una base legal adecuada para su política, que requería máscaras para viajar en aviones, trenes y autobuses. 

Pero la parte de la decisión que provocó una ira particular fue la interpretación de Mizelle de una ley federal de 1944 conocida como la Ley del Servicio de Salud Pública (PHSA). El fallo de Mizelle se centró en gran medida en el significado de la palabra “saneamiento”, que no está definido en el estatuto. 

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Para establecer su significado, Mizelle recurrió a las definiciones del diccionario y razonó que, entre dos sentidos de la palabra que compiten entre sí, “mantener algo limpio” o “limpiar algo”, el último era la definición adecuada. 

“El contexto de (la disposición de la PHSA) indica que ‘saneamiento’ y ‘otras medidas’ se refieren a medidas que limpian algo, no a las que mantienen algo limpio”, escribió Mizelle. “Usar una máscara no limpia nada. A lo sumo, atrapa gotitas de virus. Pero ni ‘desinfecta’ a la persona que usa la máscara ni ‘desinfecta’ el medio de transporte”.

Esta conclusión central en la decisión de Mizelle atrajo una amplia gama de críticos.  

Entre ellos estaba Dorf, de Cornell, quien argumentó que el significado de “saneamiento” en el texto es ambiguo. Según la doctrina de larga data de la Corte Suprema, esa ambigüedad, a su vez, debería haber dado derecho a la agencia a una gran deferencia por parte de la corte. 

“Ella mira el saneamiento y dice que tiene estos dos significados. Luego pasa por un elaborado conjunto de argumentos por los que cree que el primer significado es el mejor. Pero luego dice que es inequívoco y, por lo tanto, la agencia no tiene derecho a la deferencia”, dijo. “Pero debo decir que no estaba del todo convencido de que ella hubiera eliminado la ambigüedad”.  

También criticó su análisis textual como separado del objetivo del Congreso de entregar el poder a los CDC para salvaguardar la salud pública.  

“Es especialmente rígido dado que [su fallo] se trata de qué significan estas palabras en relación con estas otras palabras, en oposición a qué significan estas palabras en el contexto del Congreso tratando de resolver un problema aquí, el problema es que a veces hay enfermedades mortales flotando”, dijo. “¿Por qué demonios querrían limitarlo a la limpieza en este sentido en lugar de tomar las medidas que son efectivas?” 

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“Descubrí que la peor parte de la opinión, la menos persuasiva, era esa parte”, dijo. 

Daniel Walters, profesor de derecho en la Universidad de Penn State, calificó el enfoque de Mizelle como “tan divorciado del texto de la ley que no merece llamarse textualismo”. 

“No se puede simplemente dividir el estatuto en una bolsa de palabras, consultar un diccionario, elegir su definición favorita y llamar a eso textualismo”, dijo Walters. “Sin embargo, eso es lo que hizo el tribunal, y tuvo la audacia de decirle a la gente que no es común si no está de acuerdo con esa interpretación común”. 

El Departamento de Justicia dijo el martes por la noche que planea apelar el fallo si los CDC determinan que el mandato de máscara “sigue siendo necesario para la salud pública”.

“El Departamento sigue creyendo que la orden que exige el uso de máscaras en el corredor de transporte es un ejercicio válido de la autoridad que el Congreso le ha otorgado a los CDC para proteger la salud pública”, dijo el Departamento de Justicia (DOJ) en un comunicado. “Esa es una autoridad importante que el Departamento seguirá trabajando para preservar”.

Antes del anuncio del Departamento de Justicia, varios expertos legales dijeron que sería arriesgado que la administración de Biden apelara porque eso podría sentar un mal precedente en los tribunales de apelaciones, incluida la Corte Suprema. 

“Los juristas conservadores se sienten envalentonados para oponerse a la acción de las agencias que en una era anterior hubiera parecido bastante corriente”, dijo Lars Noah, profesor de derecho en la Universidad de Florida. “Entonces, si los tribunales de apelación respaldan cada vez más el textualismo, entonces los jueces de primera instancia no deben temer una reversión por emplear agresivamente ese método”.  

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“Apelarlos corre el riesgo de perder en formas que podrían dejar un impacto dañino más duradero”, agregó.  

No todos estuvieron de acuerdo con la crítica del fallo de Mizelle, sin duda, y algunos legisladores y expertos conservadores estaban francamente exultantes con el fallo. 

“¡Gracias, jueza Kathryn Kimball Mizelle de Florida, por terminar con los mandatos de máscara en aviones y trenes!” 

La representante Lauren Boebert (R-Colo.), miembro del Congreso de extrema derecha,  escribió en Twitter. “¡QUE REINE LA LIBERTAD!” 

El senador Marco Rubio (R-Fla.) elogió el fallo y dijo que validaba su anterior respaldo a Mizelle para un puesto en la banca federal. 

“Hace casi dos años presioné con entusiasmo al juez Mizelle para que fuera juez de un tribunal de distrito”, escribió Rubio en Twitter. “Hoy emitió una decisión de sentido común que me enorgullece especialmente de haberlo hecho”.  

Entre otros partidarios del fallo de Mizelle se encontraba Katherine Drabiak, experta en leyes de salud pública y profesora de la Universidad del Sur de Florida. Drabiak dijo que el fallo estaba en línea con la historia de la política de salud del gobierno, que adoptó un enfoque más individualizado de las regulaciones y buscó vincular las medidas a un brote, persona o ubicación en particular, en lugar de regular una industria completa. 

“Estoy de acuerdo con lo que dice el tribunal, que la Ley del Servicio de Salud Pública no otorga a los CDC autoridad para promulgar ese tipo de medida”, dijo. “Según lo que es la ley, según el precedente histórico, creo que los CDC se excedieron en su autoridad y no cumplieron con las diferentes leyes”. 

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