México, 21 dic (EFE).- El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, dijo hoy que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior que permite la participación del Ejército en la seguridad pública.
La ley aprobada en el Congreso formaliza el papel de los militares en seguridad pública ante la debilidad de las policías estatales y locales y perpetúa su presencia en las calles en un país con 150.000 muertes y más de 30.000 desaparecidos en una década.
El ordenamiento fue publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación, órgano del Gobierno, con lo que entrará en vigor este viernes 22 de diciembre.
Peña Nieto destacó que durante más de una década el Estado se ha visto en la necesidad de emplear “de manera subsidiaria y temporal” a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, y dejó en manos de Suprema Corte la decisión si la ley aprobada por el Congreso es constitucional.
“Corresponde únicamente a nuestro máximo tribunal decidir cuándo una norma se apega a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos”, dijo Peña Nieto durante la reunión 43 del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
El mandatario anunció que no emitirá ninguna “declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de la misma hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad”.
La Corte “será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva”, sin que eso signifique que la federación dejará de intervenir en seguridad pública en ayuda de los estados que lo necesitan.
Peña Nieto dijo que es consciente de que este ordenamiento que regula la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad pública es un tema sensible y dijo que le da la bienvenida al análisis que en su momento hará la Corte sobre esta ley.
Puntualizó que la Ley de Seguridad Interior permite “tomar conciencia” de la urgencia de que las autoridades estatales y municipales fortalezcan su capacidad en materia de seguridad para proteger a la población de la amenaza de la criminalidad.
Esta ley “recuerda la necesidad” de definir si se debe seguir el esquema de tener más de 1.800 Policías municipales o en su lugar “construir” 32 policías estatales, como propuso hace tres años al Congreso, apuntó.
“Los retos que enfrenta nuestro país son muy grandes y no nos permiten detenernos, no nos permiten equivocarnos y no nos permiten fallar”, sostuvo Peña Nieto durante el Consejo, formado por el Gobierno federal y los Gobiernos de las 32 entidades del país.
El presidente afirmó que pese a los esfuerzos en materia de seguridad, muchos estados no han desarrollado Policías confiables, sólidas y eficaces y más de 600 municipios “no cuentan con una fuerza policial propia”.
Calificó esta situación como una “debilidad institucional” y dijo que la misma ha sido aprovechada por las organizaciones criminales para aumentar su actividad en algunas zonas y en ocasiones para “intentar tomar el control de esos territorios”.
Agregó que el despliegue de las Fuerzas Armadas “no pretende suplir sino complementar” la capacidad de los cuerpos de seguridad civiles locales y que en todos los casos se ha dado a petición de los Gobiernos estatales.”Hubiera sido irresponsable dejar a su suerte a la población civil ante el embate de la criminalidad”, señaló.
Aseguró que la atribución de las Fuerzas Armadas para intervenir en seguridad pública está contenida en el artículo 89 de la Constitución y que anteriormente ya la misma Corte había resuelto que estas sí pueden actuar en seguridad pública e interior.
Para el presidente, tener una ley que regulara la intervención de los militares en seguridad interior era “uno de los pendientes legislativos” y su falta provocaba incertidumbre para las Fuerzas Armadas y los propios ciudadanos.
La ley da certeza jurídica a la actuación de las Fuerzas Armadas en la preservación de la seguridad interior, limita su uso discrecional y no exime a las autoridades locales de su responsabilidad y las obliga a fortalecer las policías locales para “finalizar el apoyo subsidiario de las Fuerzas Armadas”, apuntó.
El Congreso mexicano aprobó el 15 de diciembre la Ley de Seguridad Interior que para algunos es una forma de regular el papel de los militares en actividades de seguridad pública que llevan realizando una década, y para otros perpetúa su presencia en las calles en un país con 150.000 muertes y más de 30.000 desaparecidos en ese lapso.